Diputado regional del PSOE
En esta ley prima la oferta de plazas públicas frente a las concertadas. ¿Los dos colegios concertados de Jumilla pueden estar tranquilos?
Pueden estar muy tranquilos. Que se prime la enseñanza pública no significa que ataque a la enseñanza concertada, ni que los centros concertados que funcionan con toda normalidad, como ocurre en Jumilla, tengan nada que temer, en absoluto. Lo único que se ha hecho con la nueva ley es limitar ciertas malas prácticas que se hacían, como el cobro de cuotas obligatorias a las familias. Se seguirán permitiendo las voluntarias, pero no las obligatorias. También se pretende tener un cierto orden en la distribución del alumnado entre los centros educativos, todos tienen que tener las mismas oportunidades para acceder a estos. Entiendo que si en Jumilla los centros concertados tienen demanda suficiente, seguirán teniéndola, no se va acerrar ningún centro, ni se va a quitar el concierto, y seguirán funcionando como hasta ahora. ¿Que es posible que a los centros concertados de la Región entren niños que antes no entraban, al eliminar las cuotas obligatorias? Seguro. Simplemente se hará una distribución objetiva y justa del alumnado. Por lo que me cuentan en Jumilla esto no es ningún problema porque los concertados funcionan como cualquier otro colegio público, por tanto nada que temer.
¿Pierden libertad los padres a la hora de elegir colegio para sus hijos?
En absoluto. Los padres siguen teniendo la misma libertad que tenían con las leyes anteriores. La Constitución no garantiza el derecho de los padres a que tengan la plaza donde ellos quieran, los padres eligen entre las plazas que hay creadas y se distribuye el alumnado haciendo caso a la opción que han elegido, pero no en todos los casos se puede. No se pueden crear plazas a demanda de los padres. La administración tiene que ordenar el sistema educativo y la enseñanza general y es lo que hace y los padres seguirán eligiendo y a los alumnos se le admitirá en función de unos criterios. Tendrán más puntos los que vivan más cerca, los que tengan hermanos en el centro o los que tengan una renta familiar menor, como siempre. Pero estoy seguro que pasará como hasta ahora, que el 95% de los padres llevarán a sus hijos al colegio que han elegido como primera opción.
¿Y porque cree que se está lanzando este mensaje?
Es un claro mensaje bomba que viene desde la derecha y desde los colegios concertados más elitistas. Estoy seguro que en Jumilla no son así, pero hay otros colegios en la Región que pretenden elegir a los alumnos. Elegimos a los alumnos que tienen más dinero porque son los que nos pueden pagar las cuotas y así seguimos lucrándonos, como una empresa cualquiera, de la educación. Pues no, no se puede, esos centros son sufragados con fondos públicos, con fondos de todos y a esos colegios tienen que tener acceso todos los alumnos. Es una bomba que nace de ese sector de la concertada que ha comprado la derecha y que intenta inundar de bulos a la sociedad y haciendo creer que los padres no van a poder elegir centro, pero nada más lejos de la realidad.
Se exige el reparto de los alumnos vulnerables, de entornos desfavorecidos o con necesidades específicas, entre centros públicos y concertados. ¿Por qué se adopta esta medida?
Es un criterio básico para cualquier gobierno progresista, pero también es un criterio básico según la Constitución. Si el servicio público de educación lo sufraga el Estado, todos los niños tienen que tener acceso a todos los puestos. Es verdad que hoy en día existen centros gueto en los que se han ido quedando hijos de personas inmigrantes, con necesidades educativas especiales o con un nivel socioeconómico bajo. Pues lo que dice la nueva ley es que se reparta el alumnado, para que no se creen esos colegios gueto, ni tampoco elitistas. Con el dinero público hay que intentar garantizar la equidad del sistema para, a su vez, garantizar la igualdad de oportunidades de todos.
La existencia de colegios gueto, ¿No suena a épocas anteriores?
Puede que hoy en día eso no se dé en pueblos medianos o pequeños, pero esto no es la realidad de las grandes ciudades. En el municipio de Murcia, hay colegios gueto y colegios elitistas. Y sí, suena a un sistema muy manido y totalmente anacrónico, pero existe y hay que acabar con eso. Los colegios gueto se convierten en centros de acogida y los elitistas se convierten en centros en los que se eligen a las familias con más poder adquisitivo. Eso no se puede consentir y esta ley pone el foco en erradicar esa lacra.
Los centros de educación especial se convertirán en centros de recursos para la escuela (profesionales, formación y salas especializadas). En Jumilla existe un centro que gestiona Aspajunide. Su presidente declaraba que ve muy difícil que la enseñanza que ellos imparten pueda ser ofrecida en colegios ‘convencionales’
La ley lo que nos dice es que se van a dotar de recursos a los centros ordinarios para que puedan atender al alumnado con algún tipo de discapacidad o con necesidades educativas especiales. ¿Se van a poder atender a todos los alumnos en 10 años? En absoluto. Por eso la ley prevé que los centros de educación especial como el Virgen de la Esperanza de Jumilla pueda atender al alumnado con necesidades más específicas. Que el fin, cuando se pueda, debería ser que todo el alumnado pudiera ir a un mismo centro y que a todos se les atendiera en función de sus necesidades. Evidentemente.
Tenemos que avanzar en la inclusión de esos niños en la sociedad y se empieza por la inclusión en la escuela. Será un proceso paulatino en el que se irán dotando de recursos para que, dependiendo de las necesidades, vayan escolarizándose en los centros ordinarios. El Virgen de la Esperanza puede estar tranquilo porque seguirá abierto pasados esos diez años, escolarizando al alumnado que lo necesite.
La religión se mantiene en las escuelas públicas pero no calificará en las notas como hasta ahora. ¿Entiende en este sentido las protestas de la conferencia episcopal y de los colegios religiosos?
Puedo llegar a entender su postura, pero obviamente no la comparto. La religión va a seguir estando en las escuelas, porque así lo dice la Constitución y los acuerdos a los que llegamos en su día con la Iglesia Católica y se va a ofertar a todo el alumnado, el que quiera podrá seguir cursando religión, pero la nota no va a contar para la nota media y para el acceso a becas, y tampoco va a haber una asignatura espejo. Garantizar los derechos de algunos padres, no tiene que suponer perjudicar al resto de alumnos, que tengan que dar una asignatura porque otros hayan decidido dar religión. Creo que es algo lógico y que se queda a medio camino en lo que seguirá evolucionando nuestro sistema educativo.
Hay presidentes de comunidades autónomas que ya han afirmado que no van a aplicar esta ley, entre ellos, el de Murcia.
Una ley orgánica es de obligado cumplimiento para todos. El que no la aplique y no la cumpla puede llegar a tener un problema con la justicia. Otra cosa es que en el margen de las competencias que la ley da a las Comunidades Autónomas, el presidente pretenda neutralizar las medidas que intenta implantar esta ley. Eso tendremos que verlo con el resto de partidos representados en la Asamblea Regional y con el resto de la comunidad educativa en su conjunto. ¿O es que solo vamos a escuchar al sector de la enseñanza concertada y a las escuelas religiosas? Entiendo que habrá que escuchar al sector de la enseñanza pública que escolariza al 70% del alumnado de la Región. Llamar a la insumisión, que es lo que está haciendo el PP, es grave.
En nuestra Democracia se ha cambiado en muchas ocasiones la Ley de Educación ¿Esto no va en detrimento de la educación de nuestros niños?
Es verdad que la sociedad siempre ha reclamado un pacto por la educación a nivel nacional y regional que permita encontrar posturas discordantes para encauzar un sistema educativo común, al menos con los puntos básicos, pero es muy difícil. Hoy en da con una sociedad tan polarizada a nivel político, es prácticamente imposible. Lo intentamos con Gabilondo y el PP se levantó de la mesa, se ha intentado en varias ocasiones y no ha habido acuerdos. Hay aspectos muy complejos para acordar con ideológicas tan discordantes en cuanto a la educación. Tenemos que avanzar en este sentido, en alcanzar acuerdos y pactos con los aspectos más esenciales. Pero mientras tanto, el sistema educativo no se puede paralizar y hay que adaptarlo a la sociedad actual y futura. Tenemos que adelantarnos a los cambios y educar a nuestros niños y jóvenes para afrontar los retos que se les presentarán y eso es lo que estamos intentando hacer.
¿Qué mensaje lanzaría a la comunidad educativa de Jumilla?
He intentado hacer un desmentido de bulos que se han ido dando desde las altas esferas de la derecha española y trasladados a todos los ámbitos. A las familias jumillanas les diría que es importante estar bien informados y que estén tranquilos porque lo que pretendemos con esta ley es avanzar y que todas las familias tengan oportunidades de futuro para sus hijos, una educación más inclusiva, más equitativa, más adaptada al siglo XXI y darles el derecho a elegir la educación que prefieren en igualdad, con una ley garantista y progresista y con más protección del Estado.
