Concedido en el año 2008 a Invexta Recursos-filial de ACS

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Según la resolución del BOE “por no haber invertido la empresa el mínimo comprometido en el calendario de actuaciones”

Según se ha publicado en La Verdad, el Ministerio de Industria y Energía anunció la pasada semana, la extinción del permiso de investigación de hidrocarburos Aries 1 concedido en 2008 a Invexta Recursos-filial de ACS- en una zona comprendida entre Jumilla y Castilla La Mancha.

En la disposición, publicada en el BOE se explica el motivo de la cancelación de esta licencia: la empresa no ha invertido el mínimo comprometido en el calendario de actuaciones. De la resolución de este contrato se deduce que la firma energética ha renunciado a buscar bolsas de petróleo o gas esquisto al menos en el territorio afectado. El Ministerio no se pronuncia sobre el permiso Aries 2, igualmente otorgado a Invexta Recursos sobre las localidades de Jumilla, Cieza y Yecla, además de la Comunidad Valenciana, pero el Gobierno Regional también lo da por acabado.

El resto de los permisos de investigación concedidos en la Comunidad Autónoma tampoco han desarrollado actividad alguna todavía debido a “demoras administrativas” explicó a La Verdad una portavoz de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. El Gobierno Regional confía, no obstante, en que los trabajos se inicien “en los próximos meses”. Se trata de permisos autorizados a la multinacional norteamericana Oil And Gas Capital SL: Leo, Escorpio y Acuario. El primero, junto a Aries 1 y Aries 2, está otorgado por el Ministerio porque afecta a varias comunidades autónomas, mientras que los otros dos son concesiones regionales.

La búsqueda de hidrocarburos es un proceso complejo, lento y caro. Los permisos de investigación contemplan un plan de trabajo a seis años: los dos primeros para estudios geológicos y de mercado y los cuatro siguientes a interpretación de información sísmica y sondeos exploratorios. Una inversión de casi 17 millones de euros sin el éxito asegurado. Quizá por esto, Invexta ha preferido abonar al Ministerio una penalización de casi dos millones antes de seguir adelante.