¿Qué pasa en Cataluña? (Opinión J. A. Martínez)

El Gobierno Rajoy ha cumplido con creces sus amenazas, poniendo en marcha toda su maquinaria represiva en cuanto la Generalitat de Catalunya ha formalizado la convocatoria de referéndum para el próximo 1 de octubre. Tal y como se había anunciado, no ha habido ni una suspensión formal de la autonomía catalana ni la intervención militar contemplada por la Constitución monárquica. Pero no cabe duda de que el Gobierno ha estirado a su conveniencia lo que el PP entiende por “legalidad”, imponiendo un estado de excepción de hecho y convirtiendo los derechos formalmente reconocidos en papel mojado: esta es la «fuerza del Estado de derecho», de resabios franquistas, que suelen citar en cuanto surge un conflicto político de calado.

Funcionarios amenazados, webs cerradas, publicaciones secuestradas, redacciones asaltadas, actos y mítines suspendidos por la policía, material de propaganda requisado, más de setecientos alcaldes perseguidos, cientos de policías trasladados a Cataluña para buscar urnas y reprimir a los ciudadanos, un Tribunal Constitucional que actúa como simple testaferro del Ejecutivo, la Fiscalía amenazando con detenciones que no le corresponden…

Ese es el panorama que hoy se cierne sobre Cataluña y sobre toda España: la amenaza de un fascismo que revive (aunque nunca se había ido) en la recuperación de facto del delito de “propaganda ilegal” y que ha tenido su más viva imagen en un PP catalán exultante, que jalea y recibe con silbidos de éxtasis el anuncio de la incautación de cien mil carteles de propaganda

Una vez más se expresa la vieja confrontación entre, por una parte, la rancia oligarquía españolista, expoliadora, católica, conservadora, incapaz ni tan siquiera de una mínima modernización con el paso del tiempo. Y, por otra parte, una burguesía periférica que se apoya torticeramente en los legítimos sentimientos nacionales del pueblo catalán para tratar de recolocar en una mejor posición sus intereses de clase, para seguir explotando a ese pueblo con una mayor ventaja en la cadena imperialista.

Los comunistas repudiamos las medidas represoras del Estado burgués que se apoya en la Constitución del 78 para defender un proyecto de España que no es el nuestro, niel de la clase obrera en esa situación, trata de enfrentar a la clase obrera del Estado con la clase obrera de Catalunya. Y tampoco es posible estar con las estrategias de la  burguesía catalana, que trata de recolocarse en una nueva posición en la cadena imperialista, que consideran mejor para sus intereses clasistas.

 Ello no impide al Gobierno, sino más bien todo lo contrario, aferrarse cínicamente a la defensa de su “legalidad”: la misma que el Partido Popular viola impunemente o interpreta a su antojo cuantas veces le sea necesario. Así lo demuestran sus más de 1300 imputados, pero sobre todo la reforma exprés del artículo 135 con el P$OE de la Constitución para blindar el pago de la deuda.

 Por otra parte, la burguesía nacionalista catalana apela a la solidaridad de los pueblos de España, pero sabe que sin un cambio radical, una ruptura, con el régimen del 78 que ella ayudó a asentarse, es imposible el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Sin embargo, a  lo largo de estos años (la última ocasión en 2012, cuando los diputados de CiU apoyaron las brutales reformas de Rajoy, incluida la reforma laboral) han venido dando sostén a un régimen que en momentos de crisis siempre ha mostrado su verdadera cara reaccionaria el problema es el mismo según dijo Salvador Sucre el enemigo de la clase obrera es el capitalismo de Cataluña y el de Madrid

 ¿Cómo extrañarse, si la mayoría de los trabajadores consideran que esta apuesta política se libra entre dos burguesías la española y la catalana al margen de los intereses y necesidades populares más sentidos?

No hay vuelta de hoja: después de las leyes mordaza, los de Rajoy han encontrado en Cataluña el pretexto para dar otra vuelta de tuerca al proceso de degradación de los derechos democráticos  en el estado español. Si el Gobierno es incapaz de abordar una solución política es porque ni lo desea -para oprimir aún más a las clases populares, como brazo ejecutor de los intereses de la oligarquía- ni se lo permite el marco jurídico del 78. El 1 de octubre pone al desnudo la verdadera naturaleza del Estado burgués, que en situaciones de crisis orgánica se deshace de sus ropajes democráticos para mostrarse como el instrumento de dominación de una clase sobre el resto.

 Y es, asimismo, la demostración palmaria de que, como hemos repetido hasta la saciedad los comunistas, el régimen monárquico del 78 es irreformable, un lastre para los derechos democráticos y sociales y una cárcel para los pueblos.

La disyuntiva es entre la clase obrera y la clase dominante, en una u otra versión de ésta.

Un proceso de construcción nacional de España solo se puede dar bajo el impulso radicalmente transformador de la revolución socialista. Pero también hay que decir que esa histórica pelea entre grupos burgueses puede hacer imposible esa misma unidad de cara al futuro. Unidad que solo saben imponer por la violencia de los aparatos del Estado burgués, viejo y caduco.

Por eso, el referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña (más que una eventual independencia) puede ser un punto de ruptura que ponga en jaque al Estado monárquico. Puede serlo a pesar de que las prisas de algunos dirigentes independentistas -que se consideran “desconectados” de España aun antes del referéndum- le den al proceso un independientemente del resultado de la votación, si se llega a producir; y puede serlo porque ha conseguido revitalizar el amplio y dinámico movimiento popular que lo impulsó en sus inicios, con el impagable apoyo del Gobierno Rajoy y su Santiago, y cierra España.

Partiendo de esta base, es de destacar la lamentable actuación de la “izquierda” española, reformista y oportunista que ha acabado ajustándose a su vetusto papel de oposición de su majestad. Que en una cuestión de principio, como es el derecho de autodeterminación de los pueblos, los “dirigentes” de la “izquierda visible” opten por ponerse de perfil, escudándose en formalidades, ya es grave; pero que exijan «un referéndum en condiciones», ¡bajo el régimen monárquico!, que es muy “democrático”.

Que una inmensa mayoría de catalanes desea ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación, sea “legal” o no, es indudable, como también lo es que buena parte de ellos al menos intentará ponerlo en práctica el 1 de octubre. No es tarea de los revolucionarios, desde luego, examinar los aspectos técnicos del asunto, como tampoco la pelea por los derechos democráticos y contra el fascismo es exclusiva del pueblo catalán.

Esa es una tarea que compromete a todos los pueblos de España, y que se concreta en apoyar sin matices el derecho de LA CLASE OBRERA A DECIDIR su futuro; en hacer frente a la coacción y a los recortes de derechos; en denunciar la incapacidad manifiesta del Estado para hacer frente a los problemas cruciales de nuestros pueblos y de nuestra clase

Los comunistas  del PCPE, como expresión de los acuerdos del X Congreso del Partido, reitera su propuesta de superación de la actual situación en base a su propuesta de República Socialista de carácter Confederal, como salida política de futuro a esta situación. Un proceso hegemonizado por la clase obrera, que liquidará no solo a la decrépita monarquía española sino, también, a las estructuras de dominación capitalista que someten a los pueblos y naciones del Estado a la opresión nacional, y a su clase obrera a unas miserables condiciones de vida de trabajo con contratos basura, no cumplen con el derechos fundamentales, como el de la vivienda, como el derecho al trabajo, y muchos más que podía llenar hojas sobre estos, eso si cumplen más las leyes en contra de la clase obrera  y sus aliados, estas que sacan en el BOE, para beneficio de D. DINERO O EL CAPITAL

J.A.

 

Autor: Siete Días

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