SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES: ¡AQUÍ HAY NEGOCIO!

La privatización de numerosos servicios de protección social degrada la calidad del empleo, disminuye los salarios y lleva al bolsillo privado otra tajada del erario público

Como consecuencia de la necesidad de la burguesía de mejorar su tasa de ganancias y de ampliar la captación de plusvalía para mantener el ciclo de acumulación de capital, los servicios públicos básicos para el pueblo están siendo privatizados. Con ello, se pone en manos del capital un inmenso patrimonio social para su explotación con el criterio dominante de hacer negocio. Así lo ha ido regulando la normativa de la Unión Europea, que le ha ido dando rango de directriz de obligado cumplimiento a partir de los sucesivos tratados, como el de Lisboa.

Sanidad, a manos privadas

En el ámbito sanitario, las privatizaciones están excluyendo a millones de miembros de la clase obrera y sectores populares de la atención necesaria en múltiples servicios –siempre los más costosos y que, para su universalización, requieren la intervención exclusiva del Estado-, lo que está provocando el aumento del número de muertes perfectamente evitables.

Aumenta la externalización de servicios –o sea, la prestación por empresas privadas de atención en aspectos para los que están dotados los centros sanitarios públicos, pero que son puestos fuera de uso- en enfermedades y dolencias cuyo tratamiento requiere poco personal y poca inversión, aunque sí reciben una jugosa retribución. Esos son los que más interesan al negocio privado de la salud, por las rápidas y generosas ganancias que reportan.

También se practica, cada día más, lo que podríamos llamar la privatización interna de servicios –o sea, el uso por el negocio privado de los edificios y dotación de los hospitales y centros públicos para atender a pacientes remitidos por la red pública-, con lo cual no tienen que hacer ninguna inversión y el negocio es doblemente rentable. Este tipo de privatización –que pone en manos privadas plantas completas de hospitales- se dirige a aquellas enfermedades y dolencias de tratamiento más caro y prolongado.

El repago farmacéutico, el pago del traslado en ambulancia –prohibitivo en los casos de dolencias de larga duración- y el incipiente pago de fármacos en los tratamientos hospitalarios son otros ejemplos de saqueo del bolsillo del pueblo y de su expulsión silenciosa de la atención sanitaria cuando no dispone de los recursos que cubran sus necesidades. ¿Cuántas muertes evitables se han producido en los últimos años por no haber recibido la atención adecuada? Hemos de exigir que el Gobierno de España responda a esa pregunta, pues es quien dispone de los datos.

Educación pública, al desguace

En Educación, la extensión de la enseñanza privada, estimulada con el trasvase de miles de millones de euros del presupuesto estatal, ensancha cada día la brecha de desigualdad social –dejando los centros públicos para los sectores más pobres y marginales de la clase obrera- y hace ganar casi mil millones de euros anuales al empresariado del sector, destacando la Iglesia Católica. En el ámbito universitario, los obstáculos añadidos con las últimas normativas expulsan de sus aulas a los hijos y las hijas del pueblo.

Aprovechando la reducción de ingresos en el erario público como consecuencia de la profundización de la crisis del capitalismo, los presupuestos para la enseñanza pública han sido recortados por los gobiernos en torno a un 30%. Muchos miles de profesoras y profesores han perdido su empleo, ha aumentado el alumnado por aula, se han eliminado medidas de atención personalizada, se ha reducido drásticamente la dotación de material didáctico, el presupuesto de funcionamiento ordinario de los centros ha caído hasta en un 60% o el reciclaje del profesorado se ha dejado a la iniciativa exclusiva de éste.

Servicios y prestaciones sociales, extendiendo la pobreza

Sometidas a las necesidades del capitalismo más desarrollado, las bondades del llamado “Estado del bienestar” van siendo trituradas una tras otra. Todos los ámbitos son incorporados a los mecanismos de captación de plusvalía necesarios a los monopolios, que se apropian de los recursos con los que habría que articular la solidaridad social.

La reducción o eliminación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social –además de aumentar sus ganancias- rebaja sustancialmente los ingresos con los que afrontar los gastos de protección social. Ello recorta las cuantías para subsidios por desempleo o para cubrir costes sanitarios. Ignora la salud de la clase obrera, penalizando las bajas laborales. Las mutuas empresariales amplían sus potestades y presupuestos.

Los planes privados de pensiones ponen en manos de los grandes bancos ingentes cantidades, con las que especulan y hacen inversiones bajo el exclusivo criterio de aumentar ganancias. Miles de miembros de la clase obrera y demás sectores populares se juegan su vejez digna en la ruleta de la especulación.

La privatización de numerosos servicios de protección social degrada la calidad del empleo, disminuye los salarios y lleva al bolsillo privado otra tajada del erario público. Tal es así en asistencia domiciliaria a personas dependientes, centros de acogida de menores en desamparo o de atención a personas dejadas sin recursos por el capitalismo.

Hay solución: revolución y Estado obrero

La fase neoliberal del capitalismo y la ofensiva antipopular el abrigo de su crisis han dejado claro que la burguesía está en lucha de clase activa todo el tiempo, aprovechando cada momento de debilidad o desorientación de la clase obrera para revertir lo conquistado. El tiempo del pacto social ha sido dado por terminado por el capital. Para la clase obrera es el tiempo de la lucha por todo el poder, por llevar al triunfo la revolución socialista y poner en pie el Estado obrero, garante permanente de los intereses inmediatos y estratégicos del pueblo.

PCPE-NACIONAL

Author: Siete Días

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