La alcaldesa responde al recurso presentado por la Abogacía del Estado: «El acuerdo de pleno se ajusta a derecho, según informe de la administración Local».
Este documento, según ha informado la primera autoridad, se elevará al pleno de octubre y se remitirá a la Delegación del Gobierno”
Mari Carmen Cañete Vera
El acuerdo adoptado el pasado mes de julio en el pleno del Ayuntamiento de Jumilla sigue siendo noticia, ya que la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el mismo. En él se instaba a la modificación del reglamento sobre edificios deportivos para que se destinen “exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento” impidiendo así la celebración de festividades musulmanas en espacios como el campo de fútbol municipal, donde tradicionalmente se realizaban rezos del final del Ramadán y la Fiesta del Cordero.
El recurso solicita además la suspensión cautelar del acuerdo, al considerar que es contrario a la libertad religiosa amparada por la Constitución e infringe la neutralidad confesional de la Administración Pública. Además, recuerda que la comunidad musulmana de Jumilla “ha venido utilizando el polideportivo municipal para la celebración de festividades religiosas desde hace décadas, siempre previa solicitud y el pago de tasas correspondiente, sin que haya existido problema de orden público alguno”.
“No se vulnera el ordenamiento jurídico”
La alcaldesa de Jumilla, Seve González, ha respondido a este recurso asegurando que “el informe emitido por Administración Local es contundente y el acuerdo de pleno se ajusta a derecho”. González se muestra rotunda al insistir que “no hay ningún acuerdo de pleno que vulnere el ordenamiento jurídico español, ni la Constitución, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. De esta forma, la primera edil de Jumilla ha indicado que “la Abogacía del Estado interpone un recurso para instar a un gobierno a hacer algo, algo que todavía no se ha iniciado, por lo que nosotros vamos a seguir en nuestra línea, vamos a dar cumplida respuesta al requerimiento realizado por la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia que nos hizo en agosto, requerimiento, por cierto que estaba basado únicamente en notas informativas en medios de comunicación, sin ningún fundamento jurídico”.
Seve González ha adelantado que “el informe emitido por Administración Local, donde se solicitaba conocer si el acuerdo se ajustaba a derecho o no, es contundente y afirmativo: sí se ajusta a derecho”. Este informe, según la alcaldesa de Jumilla, se elevará al pleno de octubre y se remitirá a la Delegación del Gobierno”.
Pronunciamiento de Vox
Por su parte, el portavoz de Vox, Juan Agustín Carrillo, al respecto del requerimiento del delegado del Gobierno Francisco Lucas para anular el acuerdo de pleno ha recordado que “esa moción no iba de impedir la libertad religiosa de nadie, sino de garantizar que nuestros espacios públicos sean seguros y que se respete la convivencia de todos los vecinos”. Considera que “lo que debería preocupar al gobierno socialista y al grupo municipal de Jumilla es el avance del extremismo islámico en España”. Considera que “esa es la verdadera amenaza a la libertad de las mujeres, que debilita nuestra seguridad, que va en contra de nuestros hijos y en contra de los derechos homosexuales”. También ha recordado que ya se cuenta con el informe de los servicios jurídicos de la CARM y Ayuntamiento donde afirman que “lo que se ha hecho es completamente legal”.
IU “celebra” el recurso
Por su parte, la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ana López, “celebra el recurso presentado contra el acuerdo plenario impulsado por PP con el apoyo de la extrema derecha. Un acuerdo que no solo es innecesario, sino que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, como la libertad religiosa y el principio de igualdad”. Añade que “este recurso no es solo una cuestión legal, sino democrática, de dignidad y defensa de los derechos fundamentales y de convivencia pacífica y, recuerdan que las instituciones deben estar al servicio de toda la ciudadanía, no convertirse en instrumentos de exclusión”.
Según Ana López “en Jumilla no ha existido jamás un conflicto social real por el uso puntual de espacios públicos para celebrar fiestas religiosas”.
