En Jumilla se ha celebrado una asamblea del Sindicato de Regantes con la asistencia de cerca de medio millar de personas

Los regantes advierten de que “el cierre de pozos puede provocar la pérdida de 6.000 empleos”

G.L./M.B.

Con la asistencia de casi medio millar de personas, en Jumilla se ha llevado a cabo una asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), bajo el título ‘Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura’. En esta reunión se planteó de nuevo y con insistencia la construcción de un ramal del Trasvase Júcar-Vinalopó, que discurre cerca del Altiplano.


A esta asamblea, asistieron el presidente de la Comunidad Autónoma Fernando López Miras, las alcaldesas de Jumilla y Yecla, Seve González y Remedios Lajara, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, así como responsables de organizaciones agrarias, Cámara de Comercio, presidentes y miembros de comunidades de regantes y otros responsables de organizaciones representativas de la sociedad murciana.

Evitar recortes

De esta forma, el Sindicato de Regantes ha llevado hasta Jumilla su campaña para evitar recortes severos de las extracciones de agua de pozos que pondrían en riesgo la viabilidad de la agricultura en la cuenca del Segura.
Al igual que sucedió en Lorca en noviembre, la segunda asamblea abierta, convocada también por las comunidades de regantes del Altiplano, contó con una gran afluencia de agricultores de la comarca, muy preocupados por su futuro. Evitar el cierre de pozos y construir un ramal con el Trasvase Júcar-Vinalopó fueron reclamaciones unánimes en la asamblea. El frustrado Trasvase del Ebro salió a relucir.


A diferencia de otras zonas de la cuenca, los agricultores del Altiplano solo disponen del agua de acuíferos subterráneos, por lo que están más expuestos a los posibles recortes de los pozos sobreexplotados a partir de 2027.
En el encuentro se analizaron los retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas. Entre las reivindicaciones está la aplicación de una moratoria al cierre de acuíferos, sobre todo en Jumilla y Yecla en las que no existen otras alternativas: no reciben aguas del Segura, ni del Trasvase, y tampoco de las desaladoras debido a su distancia de la costa. Tampoco existen infraestructuras hídricas para realizar permutas o canalizar recursos desde otros lugares.

Inseguridad hídrica

Los regantes del Altiplano subrayaron que llevan mucho tiempo siendo solidarios con Alicante, donde se envían caudales de los acuíferos de la zona, razón por la cual también reclaman solidaridad y aguas sobrantes de otras partes de España.
La alcaldesa de Jumilla, Severa González, denunció que no existe seguridad hídrica y que el Altiplano lanza una “llamada de auxilio” reclamando soluciones. A su juicio, una moratoria de los pozos solo significa “alargar la agonía del sector”.
Por su parte, la alcaldesa de Yecla Remedios Lajara denunció que sufren una “desconexión hídrica”. “Solo podemos abastecernos del agua de acuíferos”. Avisó de que están en juego 6.000 empleos y 15.000 hectáreas.

Respaldo del presidente de la Comunidad

Estas propuestas fueron respaldadas por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. El jefe del Ejecutivo regional reclamó la construcción del ramal con el Trasvase Júcar-Vinalopó y destacó «la máxima preocupación» que existe en Jumilla y Yecla, donde “no hay alternativas” a un cierre drástico de pozos que puede condenar a su sector primario si no se arbitran soluciones viables.
López Miras puso como contrapunto que en estos momentos hay “ríos en España que se están desbordando” y que el país vive una etapa con las mayores reservas de las últimas décadas, por lo que denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez carece de una política de aguas.


El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, recalcó que las restricciones al Trasvase Tajo-Segura y al uso de aguas subterráneas en la cuenca del Segura resultan una pinza que amenaza la sostenibilidad del sector agrícola en 2027.
Jiménez indicó que quieren hacer visible este problema, que es más acuciante en el Altiplano, que tiene una situación peculiar. Asimismo, se mostró partidario del Trasvase del Ebro, a la vez que exigió soluciones que no sean reducir el sector primario. “Desde el Trasvase del Ebro todo ha cambiado”, apostilló refiriéndose a este proyecto frustrado, para criticar la política antitrasvasista del Miteco y del Gobierno de Sánchez. Hizo una llamada a la reivindicación para que no se apague el sector primario, que, a su juicio, es a donde conduce la gestión del Gobierno de la nación a partir de 2027. El secretario del Scrats, José Ángel Pérez, recordó que el recorte de los pozos por parte de la CHS oscila entre 150 y 200 hectómetros cúbicos.


Los representantes agrícolas del Altiplano, representados por Pedro José Martínez, reclamaron transferencias externas. Señaló que las avenidas de agua que se han producido en muchas zonas de España ayudarían a resolver los problemas del Levante con infraestructuras hídricas.

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