Los agricultores son sin lugar a dudas, los grandes perjudicados de la cadena alimentaria, ya que son los que producen alimentos, los que se esmeran en dar la mejor calidad, pero sin embargo, también son los que menos dinero reciben por su trabajo y a la hora de vender sus productos, llegan incluso a quedar en ocasiones por debajo de los costes de producción.
En el caso de la uva, se trata de un sanbenito que acompaña todos los años a los sufridos agricultores, ya que se meten de lleno en la campaña de vendimia y muchas veces, como es este año, sin saber el precio final que cobrarán por el aporte de uva en la bodega correspondiente.
Por ello, esta situación ha llevado a un número de agricultores de Jumilla y de otras poblaciones de la denominación de origen, a mostrar su malestar y su indignación en una tema que se torna difícil, ya que a la postre, se trata de algo bilateral entre la bodega y el viticultor, y aunque muchas veces se dirijan las miradas hacia el Consejo Regulador, Ayuntamiento, comunidad autónoma o incluso Asevin, lo cierto es que ninguno de ellos tiene ni competencias, ni posibilidad de fijar un precio, tan solo pueden actuar como mediadores o intermediarios entre las partes.
Se trata esto de un tema que se repite cada año, unas campañas con más repercusión y otras menos, por lo que por el bien de los agricultores y de las propias bodegas, habría que articular las herramientas para que todos supieran a qué atenerse en un tema donde todos tienen su parte de razón, algo que lo hace más complicado todavía.
Para acabar, desear que este sea el último año en el que oigamos hablar de este asunto y que por el bien de todos, se pongan los precios previamente, porque sin agricultores no hay uva, sin uva no hay vino y sin la elaboración y comercialización de los vinos, no hay marca ‘jumilla’ en todo el mundo, algo que debe de ser de todos y por todos.
