Juan Antonio Fernández, el presidente asegura que «todas las vacunaciones en el centro se realizaron con el beneplácito de Salud Pública»
Daniel Vidal. (La Verdad)
Cuatro miembros de la junta directiva de la Asociación de Padres Jumillanos de Niños Deficientes (Aspajunide) recibieron de forma irregular la pauta completa contra la Covid-19 entre el 27 de enero y el 16 de febrero. Lo hicieron después de haberse incluido en los listados que cada uno de los centros de mayores y personas con discapacidad deben enviar para que la Consejería de Salud suministre las dosis necesarias en virtud de esos listados. Y se vacunaron antes incluso de que lo hicieran algunos de los trabajadores que sí tenían derecho al fármaco, además de los propios usuarios, como marca el protocolo del Ministerio de Sanidad.
Así lo han denunciado algunos padres de los usuarios de Aspajunide, que trasladaron esta queja por escrito a las consejerías de Salud y de Política Social hace ya dos semanas, tras comprobar cómo el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero de la junta recibían el pinchazo. En concreto, la denuncia de los padres pretende «poner en conocimiento las posibles irregularidades en la vacunación del grupo de usuarios y profesionales». Según el documento, al que ha tenido acceso LA VERDAD, «algunos miembros de la junta directiva han sido vacunados sin tener derecho en este grupo». También recibió la inmunidad «un familiar de un trabajador que no pertenece a la asociación», según la denuncia, que también recoge que a uno de los cuidadores «no se le comunicó la fecha de vacunación, por lo que no pudo presentarse».
El listado y la informática
Las pinchazos irregulares contra la Covid-19 en la Región suman así un nuevo caso en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, después de las vacunas que recibieron en enero el obispo y varios sacerdotes en Hogar de Betania, el geriátrico gestionado por la Diócesis de Cartagena. Salud abrió una investigación y echó balones fuera alegando que «fue la residencia la que, a través de un programa informático, introdujo a esas personas como personal de ese centro». También aseguró la Consejería entonces que revisaría los protocolos para que esto no volviera a suceder. Un mes después, fuentes de la Consejería vuelven a anunciar que «se investigará» el caso de Aspajunide. Las mismas fuentes reiteran que «cada residencia introduce en un programa informático un listado con los profesionales y usuarios, y es cada residencia la que envía el listado de profesionales y residentes de sus propios centros para calcular los viales necesarios». La Consejería traslada así la responsabilidad a los propios centros gestionados por la Consejería de Política Social, que son los que deben comunicar los datos. El IMAS también ha abierto una inspección por unos hechos que considera «graves».
La versión del presidente
El presidente de la junta directiva de Aspajunide, Juan Antonio Fernández, explicó ayer que «todas las vacunaciones en el centro se realizaron con el beneplácito de Salud Pública. Solo se han vacunado las personas que tienen contacto directo con los usuarios de la residencia y del centro de día y que estaban incluidos en los listados», zanjó. No explicó qué tipo de contacto mantienen con los usuarios el secretario, el tesorero o el propio presidente de la junta, ninguno de ellos profesionales sociosanitarios. LA VERDAD ha podido saber que estas personas justificaron su inclusión en los listados remitidos al IMAS y a Salud precisamente por la labor que, según su versión, desarrollan en las instalaciones de Aspajunide. Algunos de ellos dicen echar hasta 150 horas al mes «sin remunerar». Ahora serán las autoridades que permitieron estas vacunaciones las que determinen por qué lo hicieron.
