También hay un compromiso de elaborar una ordenanza que regule la seguridad jurídica
Ante la preocupación que se viene sufriendo por los agricultores de Jumilla desde el año 2012 en el tema de los roturados, el sindicato COAG ha mantenido una reunión con la alcaldesa Juana Guardiola, el concejal de Agricultura Juan Gil, y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, participando por parte de COAG Pedro García, como presidente local y sus servicios técnicos y jurídicos.
De esta forma, según informan desde Coag, se ha llegado al compromiso por parte del Ayuntamiento de dar comienzo de inmediato de la gestión de los expedientes atrasados de altas 
y bajas de los cultivadores de estas tierras, hasta conseguir que sean tramitados con toda la normalidad que se venía haciendo históricamente.
Desde el sindicato agrario añaden que también se ha llegado al compromiso por las partes de trabajar con la mayor intensidad para que los cultivos agrícolas de estas tierras públicas dispongan lo antes posible de una Ordenanza que regule y garantice la seguridad jurídica para
todos, en bien del interés general y, en especial, de los agricultores.
El objetivo fijado es conseguir que se pueda empezar a disponer de dicha ordenanza para el mes de marzo de este año. Para ello, el Consejo Agrario se debe reunir en estas fechas para tener consensuadas todas las propuestas que den vida a esta normativa, de manera que sea aprobada en el pleno del Ayuntamiento, creando así, según apuntan desde Coag, “la necesaria tranquilidad y seguridad, y permitiendo una correcta gestión de estos cultivos agrícolas que tanta mano de obra y beneficio social han creado en el municipio, además del beneficio medioambiental que el adecuado manejo tradicional de estas tierras produce”.
Por parte de COAG se ha adquirido el compromiso de la elaboración y presentación de propuestas para que, entre todos, sea posible esta ordenanza. Por ello, desde Coag se hace un llamamiento a las demás organizaciones representativas de los agricultores y a la participación de los grupos políticos del Ayuntamiento para que, entre todos, se consiga elaborar esta norma que “dé seguridad y normalidad al funcionamiento de estos aprovechamientos históricos y tradicionales”.
