Con el fin de “evitar el golpe definitivo del Gobierno de España al campo de la Región”
Por el senador Antonio Luengo y la alcaldesa de Jumilla Seve González
M.C.C.V.
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, y la alcaldesa de Jumilla, Seve González, han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “se ponga a trabajar de una vez” y dé una solución al problema de los acuíferos de la Región, cuyo uso se verá sometido a nuevas restricciones a partir de 2027.
Luengo ha anunciado que el PP llevará a las Cortes Generales esta petición para exigir al Gobierno de España que solicite y tramite las prórrogas necesarias y que aporte soluciones antes de que las restricciones comprometan la actividad económica y social. El senador ha denunciado que “el Gobierno nacional conoce este problema desde hace más de ocho años y sigue sin darle una solución. En el PP no nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se pone en riesgo el futuro de nuestros agricultores, ganaderos de nuestros municipios y de miles de familias”.
A la exigencia sobre los acuíferos se suma un problema previo: la falta de recursos alternativos con los que sustituir los bombeos. “Ninguna comarca puede reducir la extracción de sus pozos si no dispone de otra agua que ocupe ese lugar, y esa sustitución exige infraestructuras de conexión, garantía de suministro y un coste asumible para el regante, tres condiciones que hoy no están resueltas en buena parte del territorio. En el conjunto de la demarcación, además, la disponibilidad de recursos de origen externo se ha ido estrechando, lo que traslada todavía más presión al agua subterránea. No se puede exigir que se bombee menos y no poner al mismo tiempo sobre la mesa el agua que debe sustituir a ese bombeo”, sostiene Luengo.
Consecuencias
Por su parte, Seve González ha advertido reiteradamente de las consecuencias que tendría para el municipio no disponer de alternativas antes de 2027. “De hecho, en el Consejo del Agua de la Demarcación del Segura exigió alternativas a la prohibición de utilizar agua de los acuíferos y alertó de que el desarrollo local, social y agrario de Jumilla y del Altiplano se encuentra en una situación de grave riesgo”. La alcaldesa ha defendido que “Jumilla no puede quedarse sin agua para su agricultura y su futuro; sin agua no hay agricultura, no hay empleo, no hay oportunidades y no hay vida” y ha reclamado que el Gobierno de España actúe antes de que llegue 2027, no después.
El impacto está especialmente ligado a la actividad agrícola y agroalimentaria de Jumilla. En el conjunto del Altiplano, las restricciones previstas afectan a 15.433 hectáreas de regadío y alrededor de 6.000 empleos directos. “Reclamamos plazo para ordenar la transición, no para mantener la situación actual. El ajuste hay que hacerlo, pero acompasado a la sustitución de recursos y sin destruir en un solo ciclo el tejido productivo de comarcas enteras”, ha exigido Seve González.
Por último, Luengo ha recordado que “el Gobierno regional ya trasladó formalmente esta preocupación al Ministerio para la Transición Ecológica y reclamó que se apliquen a las masas de agua subterránea afectadas los mecanismos de flexibilidad que la normativa europea prevé, con el horizonte del próximo ciclo de planificación hidrológica”.
“Los datos reflejan la magnitud del problema”
Antonio Luengo ha informado de que “los datos reflejan la magnitud del problema: de las 63 masas de agua subterránea existentes en la Demarcación del Segura, 40 presentan problemas de sobreexplotación. Las restricciones previstas podrían afectar a 40.722 hectáreas de regadío, con unas pérdidas de producción estimadas en 826 millones de euros anuales y 25.350 empleos en el conjunto de la cuenca. En la Región de Murcia, el impacto alcanzaría los 680 millones de euros al año y 20.570 empleos.
