El Tribunal dicta una sentencia firme que tumba la sanción de 2.001 euros impuesta por la Junta de Gobierno

La propiedad de la actividad denuncia “persecución e indefensión por parte del Ayuntamiento, que no cortó por lo sano las quejas de una vecina del edificio que es una alta funcionaria del Ayuntamiento, única impulsora y denunciante de los supuestos ruidos”

M.C.Cañete Vera

La sección de lo Contencioso-Administrativo, plaza nº2 del Tribunal de Instancia de Murcia, ha estimado íntegramente el recurso presentado por las titulares de la actividad Café Bar El Irlandés Errante, declarando la nulidad absoluta de la sanción de 2.001 euros que les había impuesto el Ayuntamiento de Jumilla. La resolución, no solo deja sin efecto la multa por una “evidente falta de pruebas de cargo”, sino que además condena en costas al Consistorio debido a la “debilidad del relato municipal”.

Por supuestas quejas por el volumen de la música

El conflicto se remonta a 2023, cuando se incoó expediente sancionador a raíz de supuestas quejas por el volumen de la música del local. Sin embargo, la defensa letrada de las hosteleras demostró que las incidencias no partían de una alarma vecinal generalizada, sino de una sola vecina, actualmente secretaria general del Ayuntamiento de Jumilla, como así recoge la sentencia, circunstancia que las afectadas recurrentes y la actual titular, consideran “un claro conflicto de intereses y un abuso de autoridad para organizar un expediente a medida”.
Como consecuencia de esta situación, las titulares de la actividad decidieron traspasar su negocio a la actual titular Marina García Martínez que la asumió a mediados del año 2024, encontrándose pendiente del recurso que ahora se ha resuelto favorablemente.

“Acosada de forma permanente”

Según asegura la actual titular “fue acosada de forma permanente, con visitas habituales de la Policía Local que se personaba en el establecimiento después de llamar la vecina del edificio y funcionaria municipal”. Esto provocó que se abriera un nuevo expediente sancionador por los mismos hechos y la misma infracción, sin pruebas acreditadas. Marina García añade que “esta situación nos ha ocasionado no solo pérdidas económicas, sino un deterioro físico y psíquico de mi estado de salud, del cual sigue con tratamiento médico”.


La titular actual de Café Bar El Irlandés Errante denuncia que este segundo procedimiento está completamente concluido, pendiente de resolver por la Junta de Gobierno el recurso de reposición interpuesto por ella, en el que se ha alegado “conflicto de intereses y animadversión personal, inexistencia de pruebas objetivas de ruido, imposibilidad física de manipulación del limitador, indefensión por incongruencia y acumulación indebida y respaldo del resto de vecinos de la comunidad”.
“Me siento totalmente indefensa, señala Marina García, ante una funcionaria que ha utilizado la maquinaria municipal para su interés personal. La justicia me ha dado la razón de manera tajante, demostrando que la multa era una invención sin pruebas”, sostiene la afectada. Ahora exige “que cese la persecución, que se archive el expediente caducado que tiene guardado en un cajón y que deje trabajar en paz”.

Posible prevaricación

La defensa jurídica de Café Bar El Irlandés Errante ha presentado varios escritos para que la Junta de Gobierno Local resuelva el recurso de reposición y que las alegaciones presentadas den por finalizado el expediente con su archivo definitivo. Ante esto, Marina García Martínez “advierte públicamente a los miembros de la Junta de Gobierno que este bloqueo intencionado excede la vía administrativa y podría revestir gravedad penal, que podría situar a los responsables locales en el escenario de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión”.
García Martínez añade “he guardado silencio por prudencia, pero la justicia ha hablado de forma demoledora y no voy a permitir que se siga utilizando al Ayuntamiento como una herramienta de acoso personal para arruinar un negocio que cumple con todas las normativas. Exijo que la Junta de Gobierno Local actúe conforme a la ley, resuelva el expediente caducado de inmediato y asuma las responsabilidades de los daños que se me está causando. Si persisten en su omisión del deber, acudiré, sin dudarlo, a la vía penal, una vez más, pues recuerdo que existen dos procedimientos abiertos por estas conductas, uno por acción y otro por omisión, ellos verán”, termina afirmando la actual propietaria del establecimiento.

Ayuntamiento y funcionaria

Al respecto, fuentes municipales han indicado que “el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, acatará la sentencia dictada”.
Por su parte, desde la redacción de Siete Días Jumilla, se ha intentado conocer el posicionamiento de la funcionaria municipal aludida, pero no se ha obtenido respuesta.