Pretenden parar la implantación de una macrogranja en Jumilla. Al respecto tienen constancia de que en julio la empresa cárnica hizo una solicitud en el Ayuntamiento de la cédula de compatibilidad urbanística.
M.C.Cañete
Un importante movimiento social se ha generado en torno a la posible implantación de una macrogranja porcina en el término municipal de Jumilla. Empresarios, naturalistas, bodegueros, agricultores, ecologistas y vecinos en general, pertenecientes a distintos ámbitos y sectores, se han unido para constituir una plataforma a fin de parar este proyecto.
La plataforma, como ya se sabe, se llama ‘Salvemos Nuestra Tierra. ¡No a las macrogranjas!’ y, aunque ya tiene una gran actividad sobre todo, en redes sociales, fue presentada oficialmente la pasada semana. Antes, representantes del colectivo se reunieron con la alcaldesa y con los distintos partidos políticos locales, para trasladarles sus inquietudes, así como sus peticiones. Según informaron desde el grupo motor de la plataforma, integrado por cerca de veinte personas, hasta el momento superan las 700 adhesiones y cuentan con más de una veintena de entidades que se han sumado a la causa. También vienen respaldados por la Plataforma ‘Salvemos el Arabí’, de Yecla.
En líneas generales, la plataforma considera que este tipo de macrogranjas representan actividades “muy dañinas para los territorios donde se ubican”, por lo que piden la unión de todos “para defender una forma de vida sostenible”. Afirman que “donde los ganaderos industriales a gran escala ven una oportunidad de negocio en expansión, creación de puestos de trabajo, burocracia que ralentiza sus actividades, etc., los vecinos y muchos de los otros sectores económicos, incluida la ganadería tradicional de las zonas donde se ubican, lo perciben como molestas actividades con un potencial contaminante brutal, que no suele respetar las normas de convivencia, que apenas generan puestos de trabajo, puesto que todo está automatizado y sí, un importante impacto negativo en la zona”. Creen que se pude poner en peligro las campañas de recogida de la uva, por las extremas condiciones en las que deberían trabajar. En este sentido, calculan “la posible pérdida de 900 puestos de trabajo asociados a los trabjos en las fincas. Este saldo negativo en puestos de trabajo no tiene reflejo positivo en las previsiones laborales que lanza la compañía cárnica, con unos 50 puestos de trabajo directos y 25 indirectos”.
‘Fábricas de carne barata’
Califican estas actividades como “fábricas de carne barata”, que van en contra de la ganadería familiar y del pequeño ganadero, al que “hay que apoyar y dignificar”. En cuanto a los impactos negativos más habituales éstos pasan por poner en riesgo los acuíferos y la biodiversidad, así como el gran consumo de agua que requieren.
También producen emisiones contaminantes a la atmósfera, malos olores y plagas de moscas que provocan la degeneración de la zona y el abandono de los campos.
Su filosofía es: “Pensar global, actuar local”
En la presentación, los portavoces Miguel Trigueros y Catalina González explicaron que su filosofía es “pensar global, actuar local”. Añadieron que “hay que tomar conciencia de la problemática que existe y ser fuertes para evitar la implantación de esta actividad, una industria cárnica que necesariamente tiene que cambiar su modelo productivo que es muy agresivo”.
Igualmente, aseguraron que “aunque no existen un proyecto en firme presentado, sí tienen constancia que a finales de julio se hizo la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de la cédula de compatibilidad urbanística, lo que es un primer paso de pretensiones de la cárnica”.
Depreciación del valor del suelo
De igual manera, para este colectivo recién presentado, estas macrogranjas suponen una depreciación del valor del suelo, la incompatibilidad con el turismo y otras actividades económicas tan importantes en la localidad como puede ser La Ruta del Vino, así como dilemas éticos por el trato animal que se produce en estas industrias.
Con este escenario, la instalación de este tipo de actividades económicas provoca, a su alrededor, a corto-medio plazo, según la plataforma, “la brutal devaluación de las propiedades agrícolas o residenciales y, negocios de la industria agraria como bodegas, almazaras, almacenes de frutas o ganadería tradicional, en un importante radio de acción, al igual que ahogará definitivamente la impulsión del denominado Polígono del Mármol, tan cercano al proyecto de la macrogranja”.
Perjuicio al enoturismo
También el enoturismo se expone a una importantísima pérdida de valor. Subrayan que “las visitas turísticas a bodegas y viñedos, las rutas del vino, la floración de Cieza y, eventos similares que generan riqueza en el territorio sin deteriorarlo, se ponen en peligro. De esta forma el detrimento de la marca “Jumilla”, echaría por tierra el esfuerzo invertido en posicionarla en diversos sectores dentro y fuera de nuestras fronteras”. Algo similar sucedería con el patrimonio etnográfico y geológico de la zona, como son La Cueva de los Encantados, el Abrigo de Las Moratillas o la Muralla.
Por otro lado, recuerdan que se encuentran en “un estado muy avanzado los trabajos de desarrollo de una Vía Verde, que puede ayudar a incrementar el turismo sostenible y, que choca frontalmente con la realidad al tener que pasar el trazado justo por la finca donde piensan esparcir los purines”.
Normativa propia
Ante la situación, la Plataforma Salvemos Nuestra Tierra. ¡No a las macrogranjas!, propone, entre otras medidas, la petición al Ayuntamiento de Jumilla de crear una legislación o normativa propia que regule la implementación de estas actividades en el municipio, incluso la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de impedir la instalación de actividades ganaderas intensivas de alto costo medioambiental y socio-económico en el suelo municipal.
También proponen el establecimiento de una moratoria mientras se tramita tal modificación, a fin de estudiar los efectos derivados de este modelo de negocio. Para ello, consideran que la creación de un grupo de trabajo independiente y multidisciplinar sería una opción adecuada para llevar a cabo esta labor. Este grupo estaría formado por personal del Ayuntamiento, colaboración imprescindible para conseguir el objetivo, técnicos externos, asociaciones, colectivos, empresas y los vecinos afectados.
Representantes políticos
En cuanto a la postura de los representantes municipales, la alcaldesa, Juana Guardiola, coincide en mostrar su preocupación en preservar la salud y el bienestar de todos, “y de nuestros acuíferos y actividades agrícolas, turísticas, etc. para que no se vean afectadas”. Señala que “en cuanto sea posible estudiará con los técnicos el poder suspender cautelarmente la concesión de licencias de este tipo ,y estudiar una posible modificación del PGOU, todo ello siempre dentro de los límites legales, buscando hacer las cosas bien y conseguir lo mejor para todos. Trataremos de ser lo más ágiles posible”.
El portavoz del equipo de Gobierno, Juan Gil Mira, asegura, “que persiguen los mismos objetivos, que Jumilla tenga calidad de vida y que trabajarán para que esta actividad no sea referencia en el municipio”
Seve González, como portavoz del grupo municipal del PP ha aclarado a esta redacción que esa reunión fue solicitada por ellos, “les escuchamos en todo y compartimos sus inquietudes”, indica y añade igualmente que les felicitaron por la “gran aceptación que ha tenido la plataforma” y les mostraron todo su apoyo “para lo que necesiten”.
Por último, Ginés Pedro Toral, del grupo mixto Ciudadanos asegura que lleva recopilando información desde marzo y que comparte su preocupación por el devenir del turismo, de los cultivos y viviendas cercanas, de los acuíferos, de la agricultura ecológica, de los inconvenientes a los vecinos, etc., por ello, asegura que se “compromete a trabajar en ese sentido de forma urgente pensando siempre en el bien común de todos los jumillanos”.
La plataforma continúa solicitando adhesiones y los interesados pueden contactar en sus redes sociales o en el correo: salvemosnuestratierrajumilla@gmail.com.
