En clave de sol by Gustavo López
Hay una especie política que prolifera en los ayuntamientos de toda España y que, lejos de encontrarse en peligro de extinción, goza de una salud envidiable. Se trata de aquellos que usan u abusan de la moción de copia y pega, ese documento que aparece en el orden del día de un pleno municipal para debatir sobre asuntos que están a cientos, miles o incluso decenas de miles de kilómetros de distancia de la competencia real de quienes van a votar.
Da igual que se trate de Jumilla, de Madrid o de un pequeño municipio de 500 habitantes. El fenómeno es universal. Un concejal cualquiera, apenas sin despeinarse, puede llegar y opinar oficialmente sobre la política migratoria europea, la gestión de un ministro, la financiación autonómica, un conflicto internacional o la situación geopolítica del planeta. Y todo ello desde una institución que, en el mejor de los casos, tiene competencias sobre el asfaltado de calles, la recogida de basura o el mantenimiento de jardines.
La fórmula es siempre la misma. Desde arriban mandan una moción desde algún despacho lejano, la distribuyen por toda España y, como si se tratara de una franquicia política, comienza a aparecer simultáneamente en cientos de ayuntamientos. Cambia el escudo de la portada, se sustituye el nombre del municipio y listo. Trabajo terminado. La moción ya está preparada para viajar de pleno en pleno en su particular gira nacional.
Lo más fascinante es que estas iniciativas suelen terminar con una palabra mágica: «instar». Los ayuntamientos ya no arreglan, construyen, gestionan o deciden; ahora instan. Instan al Gobierno de España, instan a la comunidad autónoma, instan a Europa y, si hiciera falta, probablemente instarían también a las Naciones Unidas o a Marte si alguien encontrara la dirección postal.
El problema no es que los concejales tengan opinión sobre asuntos nacionales o internacionales. Faltaría más. Como ciudadanos tienen todo el derecho del mundo. El problema es convertir los plenos municipales en una especie de Parlamento paralelo donde se debaten cuestiones sobre las que el ayuntamiento no tiene absolutamente ninguna capacidad de decisión.
Quizá haya llegado el momento de recuperar una idea sencilla: que cada administración se ocupe principalmente de aquello para lo que fue creada. Que el Congreso debata las cuestiones nacionales, que las comunidades autónomas gestionen sus competencias y que los ayuntamientos dediquen la mayor parte de sus esfuerzos a resolver los problemas de sus vecinos.
