La actividad organizada por la Concejalía de Festejos incumplía toda la norma establecida
Así lo corrobora un reportaje gráfico realizado por Siete Días al acabar la fiesta
Cuando un establecimiento, empresa o asociación se decide a organizar cualquier evento, son cientos los requisitos que desde la Administración se le requieren para poder obtener el permiso necesario. Sin embargo, cuando es la propia Administración pública la organizadora de un espectáculo o actividad, se incumplen todas las normas establecidas.
Como claro ejemplo de todo esto, el pasado sábado se celebró el Fiestódromo de Carnaval, una macrofiesta que llegó a concentrar a más de 1.000 personas y que no contó con las medidas mínimas exigibles en este tipo de casos, convirtiendo la zona en un auténtico aseo público y en un lugar inseguro y hasta peligroso para las personas que se dieron cita en el evento.
Según el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, actos como el del pasada sábado en Jumilla han de disponer de urinarios e inodoros que garanticen las condiciones higiénicas y de decencia necesarias. Además, especifica que por cada 500 espectadores habrá cuatro aseos, provistos todos ellos de lavamanos.
Este punto legal fue obviado por la Concejalía de Festejos, organizadora del evento, al igual que otros como la obligación de contar con un plan de seguridad, con la presencia de medios sanitarios y policiales. En este sentido, no había ambulancia en la zona y tan solo dos policías locales se encontraban de servicio esa noche para toda la población.
Todos estos incumplimientos provocaron varias llamadas de jumillanos a los servicios de emergencia, ya que también se unió la falta de controladores de sonido exigidos a todos los locales públicos y que hacían que la música estuviera por encima de lo permitido.
