Ana López, portavoz en Jumilla y José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador en la Región de Murcia anunciaron acciones judiciales. Apelaron a la remunicipalización del servicio de agua como solución a medio-largo plazo.
M.C.C. Vera
La portavoz en Jumilla de IUVerdes-Podemos Ana López y José Luis Álvarez-Castellanos coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia ofrecieron una rueda de prensa para denunciar lo que han calificado de “tarifazo ilegal” en la subida de tarifas del agua potable aprobada recientemente por el Ayuntamiento y anunciaron acciones judiciales.
“Agresión a los bolsillos”
Ana López comenzó señalando que la reciente subida de tarifas, que alcanza hasta un 37% en el consumo básico, representa “una agresión directa a los bolsillos de las familias jumillanas, viéndose agravada en los casos de las más vulnerables”. “Se está penalizando especialmente a quienes menos consumen, así como a las familias numerosas, con aumentos de hasta el 134% en los primeros tramos. Esto va en contra de cualquier política de ahorro de agua y de justicia social”, afirmó.
López remarcó que el incremento tarifario no responde a un aumento de los costes reales del servicio, sino, -dijo-, “a una decisión política del Ayuntamiento, que ha optado por proteger los intereses de la empresa concesionaria en lugar de defender a la ciudadanía”. López subrayó que “este tarifazo no es solo injusto, sino que además carece de la justificación legal necesaria. El propio Consejo Asesor de Precios emitió un informe desfavorable a esta subida en junio, y curiosamente, en septiembre, con los mismos datos, cambió a favorable. ¿Qué ha cambiado en estos tres meses? Evidentemente, las presiones de las empresas concesionarias”, sostuvo.
Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos proporcionó un análisis exhaustivo del contexto regional y nacional de la gestión del agua potable. “El problema radica en la cesión del servicio a grandes empresas privadas, que controlan aproximadamente el 50% de la gestión del agua a nivel estatal, y en la Región de Murcia, son responsables del suministro en más de 40 municipios. Los ayuntamientos, como el de Jumilla, han renunciado a su responsabilidad pública y han firmado contratos a largo plazo que atan de pies y manos a las administraciones locales, permitiendo a las empresas imponer subidas de tarifas o exigir compensaciones económicas cada vez que alegan un ‘desequilibrio económico’” señaló.
El dirigente regional enfatizó que esta dinámica se ha visto reforzada por “la falta de aplicación de la Ley de Desindexación de 2017, que regula precios intervenidos por el Estado, como es el caso del agua potable”. Añadió: “El agua no es un precio libre que se pueda pactar entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. Es un bien esencial cuyo precio está intervenido por el Estado, ateniéndose a la ley de precios autorizados, por lo que no se le aplica la ley de contratos del sector público. El Ayuntamiento de Jumilla ha ignorado esta ley, aplicando criterios que favorecen a la empresa en lugar de proteger a los usuarios”, explicó.
Denuncia ante la Fiscalía
Álvarez-Castellanos anunció que IUV-Podemos presentarán la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía para investigar las irregularidades en la aprobación de esta subida tarifaria. Además, no descartan iniciar procedimientos contencioso-administrativos para impugnar la orden emitida el 24 de septiembre, que autorizó los nuevos precios.
Ambos líderes concluyeron su intervención apelando a la remunicipalización del servicio de agua como solución a medio-largo plazo.
