Editorial
La pasada semana se empezó a escribir un nuevo capítulo en el caso Kevin que, como recordarán, tuvo su inicio en la madrugada del pasado 1 de mayo cuando el joven colombiano murió apuñalado tras una pelea en la calle. A partir de ahí, se ha seguido hablando de este tema y mucho, ya que se produjo también una denuncia de algunos familiares del malogrado joven en contra de los efectivos de Guardia Civil y Policía Local que asistieron al lugar de los hechos, acusándolos de “no haber hecho lo suficiente” para evitar el desenlace final.
Tras la muerte, entraron en prisión hasta cuatro personas de la misma familia: el presunto autor de la muerte, su hermano pequeño, su padre y su madre. Pues bien, hace ya algún tiempo que el hermano salió de la cárcel, y por lo tanto quedaban tres, pero esta pasada semana, la juez que instruye el caso, decretó que los dos progenitores salieran en libertad bajo fianza de 5.000 euros cada uno, con la obligación de no residir en Jumilla y con una orden de alejamiento a los familiares y novia de Kevin. Esto no significa que ya ha terminado para ello el asunto, sino que salen de la reclusión hasta la celebración del juicio, ya que todos mantienen cargos.
Pero a los familiares y amigos de Kevin no les ha gustada nada este último viraje que ha tomado la instrucción, y han realizado varias concentraciones en la puerta del juzgado de Jumilla bajo el apelativo de “pacíficas”, pero que al final fueron de todo, menos eso.
Las protestas ciudadanas están bien. Las quejas ante una decisión que se puede considerar injusta son perfectamente lógicas. Pero cuando se pierde el sentido inicial de lo que se pide, también se pierde la razón.
Quejas y protestas sí, pero con respeto siempre.
