Editorial
La sentencia de hace unos días del Tribunal Constitucional sobre la eliminación del impuesto municipal de las plusvalías, ha caído sin duda como un jarro de agua fría sobre las arcas municipales de los 8.000 ayuntamientos de España. Está claro que en unos más que otros, pero se trataba de una importante recaudación que de momento, hasta que el Ministerio de Hacienda no se manifieste y proponga una solución acorde, pues queda en el limbo.
Paradójicamente, los políticos dedican mucho tiempo a presumir e intentar vender a sus ciudadanos que eliminan impuestos y que congelan las tasas. Sin embargo, luego se da una sentencia donde es la Justicia la que quita el impuesto que ellos presumen que hay que bajar, y ponen el grito en el cielo, pasando de ser un problema a convertirse en un arma arrojadiza entre los unos y los otros.
En Jumilla, la eliminación del impuesto de las plusvalías sin lugar a dudas se va dejar notar en los ingresos de cara a la elaboración del próximo presupuesto municipal que ya está a toda máquina, pero tampoco va a ser para tanto, ya que la previsión de ingresos que representa es de unos 300.000 euros, es decir, un 1’5% del montante total. Además, este porcentaje es mucho menos del que Montoro obligó hace unos años a tener que reducir con su fantástico plan de ajuste que lo único que consiguió fue desmantelar muchos de los servicios que ahora más se necesitan y que están en un estado paupérrimo.
Ahora lo que tenemos es un impuesto menos, pero no se preocupen, porque seguro que muy pronto se inventan otro o maquillan este para que no sea inconstitucional, porque lo que está claro, es que pagar impuestos hay que pagar, sino, se rompe la baraja.
